Muchas cervecerías artesanales están considerando retirar las cervezas de Escocia debido a la dificultad para operar con el Deposit Return Scheme (DRS), un programa de reciclaje de envases similar al que funciona desde hace 25 años en Alemania y que cambió el modelo de negocio de muchas cerveceras. En esa decisión también influyen los planes del gobierno escocés de restringir la publicidad y la promoción del alcohol. Se cree que sistemas como el DRS, funcionarán en todo el mundo en los próximos años. Este sistema se ha configurado como una de las principales respuestas del sector cervecero a la necesidad de una producción respetuosa con el medio ambiente y una medida de choque frente al cambio climático.

No obstante, la transición no está siendo sencilla en territorios como el escocés, donde numerosos productores han subrayado los graves problemas que se derivarían de la incorrecta adopción de esta idea al mercado septentrional de las islas británicas.

A grandes rasgos, este programa se basa en añadir 20 peniques reembolsables al precio de las bebidas vendidas en botellas de plástico o vidrio, así como en latas. En la práctica, sin embargo, el sistema no tiene el mismo impacto entre las grandes productoras y las pequeñas. Estas últimas ven tambalearse su solvencia económica ante los requisitos que implica el DRS. Los cerveceros coinciden en la necesidad de desarrollar una política verde, pero opinan que debe existir un camino que no repercuta indiscriminadamente ni en los costos empresariales, ni en el consumidor final.

Sus críticas arrojan luz sobre los distintos problemas de la idea. Por un lado, subrayan que la cantidad que ha de pagar todo productor que se dé alta en el programa y que le permitirá el acceso al circuito de reciclaje resulta desproporcionada. Una tarifa plana para todos los productores, con independencia de sus volúmenes de fabricación que para los grandes nombres de la industria será fácilmente asumible pero que lastrará a los pequeños y, a la postre, afectará a la libre competencia. Se suma esa cantidad a los propios 20 peniques que no solo incrementan el precio final del producto para el cliente si no que deben ser adelantados por la fábrica por cada envase que salga de sus instalaciones.

Un depósito que implica que el negocio no pueda disponer de ese metálico hasta que finalmente se devuelva el recipiente a la máquina de reciclaje automática o al punto de devolución habilitado a tal efecto. Una limitación en el flujo de caja que supone colocar a los fabricantes como garantes del resultado de un programa que está más allá de su control.

No está en sus manos saber si, efectivamente, el consumidor final optará por reciclar esa botella o esa lata. Quizás no le compensen los 20 peniques por hacerlo. Quedan en el limbo esas botellas rotas, sin etiqueta o las de aquellos consumidores que deciden conservarlas porque les gusta más su cerveza añejada. La situación empeoraría si, finalmente, se impusiesen multas a las empresas que no alcanzasen un determinado porcentaje de éxito en este programa.

Para rematar el asunto, además, el programa es un hándicap para la diversidad de recetas. Cada producto debe registrarse con un código de barras identificativo al menos seis semanas antes de su puesta en el mercado. No supone un problema para las cervezas fijas en un portafolio, pero hay numerosos productores que no podrían dar cumplimiento a esta obligación en el caso de sus recetas especiales o disponibles por tiempo limitado. Muchas craft sustentan su modelo de negocio sobre esa espontaneidad y diversidad.

Todo ello ha llevado ya a distintos fabricantes de Inglaterra a etiquetar sus productos con la reseña de que «no está a la venta en Escocia» pues no adaptarse a este sistema de DRS implica multas: comercializar o vender una bebida en tal territorio si su productor no está registrado bajo tal esquema ha sido tipificado como delito. Tal actuación da alas a los que afirman que el DRS supondrá un desplazamiento de los consumidores a suelo inglés, donde podrán conseguir ya no solo cervezas más baratas, sino también mayor variedad. Una nueva frontera económica.

El 16 de agosto pretenden que la iniciativa entre en vigor. Una fecha límite para incorporarse que también ha suscitado enconadas críticas dada la complejidad y los requisitos burocráticos que lleva aparejado el DRS. Se ha planteado la posibilidad de que las pequeñas empresas tuviesen una moratoria o incluso reformular el sistema para evitar que se origine lo que muchos han denominado una «carnicería económica» que golpeará de lleno en un sector que aún arrastra los efectos desfavorables de la pandemia y sufre el aumento del coste de la energía que se extiende por todo el suelo europeo.

Por si fuese poco, la popularidad del gobierno entre los fabricantes de bebidas no ha mejorado una vez conocidos sus planes de someter a su producto a restricciones publicitarias semejantes a las aplicadas a la industria tabacalera. Frente a quienes consideran que estos límites podrían ser una manera efectiva de abordar los problemas con el alcohol de la sociedad escocesa, los miembros del sector dudan de que prohibir el márketing más básico influya en ese aspecto.

Sólo servirá para paralizar uno de los segmentos más dinámicos e importantes económicamente del país y por extensión, derivaría en pérdida de empleos y atentaría contra uno de los pilares turísticos y culturales de aquel territorio.